No es
la ley que yo esperaba pero, aún así, es mejor que la que hay. No encuentro
motivos para que no se ponga en marcha, pero sí descubro aspectos que debería
mejorar.
Resuena
en ella la cultura del esfuerzo, tan olvidada en los últimos años, a la vez que
atiende a los dos extremos del alumnado: a los que queriendo no pueden y a los
que pudiendo no les dejaban avanzar. Es pues una ley más próxima a la realidad
que la actual. Quizás porque, como se puede leer en su preámbulo, los cambios
que propone están basados en evidencias. La evidencia de una alta tasa de
abandono escolar temprano y de una falta de equidad que llevaba a igualar en la
desidia y la mediocridad por temor a la excelencia. Con la futura nueva Ley,
vuelve la recompensa al trabajo esforzado, a la vez que abre pasarelas entre las distintas trayectorias
formativas para que “ninguna decisión de ningún alumno sea irreversible”. Con
ella, saber y oportunidades se dan la mano. Rompe con la falsa idea de asimilar
el derecho a la educación al derecho a la escolarización, subrayando la
importancia del conocimiento y el espíritu de iniciativa, que ahora llaman
espíritu emprendedor.
Una de sus novedades son las evaluaciones externas
al final de cada etapa, que sus críticos retrotraen a las “antiguas reválidas”
como si fuera una vuelta a los tiempos pasados, pero lo cierto es que veinte
países de la OCDE realizan estas pruebas a sus alumnos y su implantación
evidencia una mejora de “al menos dieciséis puntos de acuerdo con los criterios
de PISA”.
Otras novedades sumamente interesantes son la
creación de la Formación Profesional Básica a la que pueden acceder los alumnos
de quince años o aquellos que los cumplan el año natural en curso y los
“programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento” a los que se pueden
acceder ya desde la primera repetición dificultando así la posibilidad de
fracaso escolar. Esto es, el alumnado va a disponer de la diversidad de
aprendizaje a menor edad que ahora, disponiendo a la vez de pasarelas.
Novedades que no sólo benefician circunstancialmente a todo el alumnado, sino
que también lo beneficia de cara a su futuro al facilitarle la posibilidad de
alcanzar un trabajo en una sociedad cada vez más exigente con la formación.
Con todo, deja muchas cosas sin concretar y
demasiadas puertas abiertas al arbitrio de las autonomías, algo que no comparto
por mi tendencia a devolver la Educación al Estado. Como tampoco comparto la
excesiva optatividad que mantiene en los bachilleratos, menor que en la
actualidad pero excesiva a mi modo de ver. Y en esta línea, no comprendo cómo
el Griego no es una materia troncal “obligatoria” en el bachillerato de
Humanidades, como lo tendría que ser también la Física y la química en el
bachillerato de Ciencias.
En cualquier caso, si tenemos en cuenta la
recomendación de la OCDE sobre la conveniencia de plantear las reformas de manera
constante sobre un marco de estabilidad general según se van detectando
insuficiencias o surgen nuevas necesidades, no cabe dudad que esta nueva Ley (modificación
limitada de la LOE) puede resultar un marco de estabilidad para empezar a hacer
algo serio. Otra cosa es que lleve razón la OCDE.
