En la campaña electoral iniciada por el Presidente, hay tres
cuestiones que suponen un recorte de libertad. No me embargan las opiniones de
sus ministras, son libres de expresarse. Me quiebra, más bien, que las impongan
sobre libertades garantizadas por derechos fundamentales, con el añadido de que
lo hacen desde el poder. Esto es, el Estado pretende imponer maneras de hacer y
de pensar de ideologías concretas en desprecio de derechos fundamentales
(=totalitarismo). Dos atentan contra la vida: la ley de eutanasia y la
ideología de género. La tercera, que hoy trato, niega el derecho fundamental de
los padres como primeros educadores de sus hijos.
No entraré en el cinismo que
supone empezar un discurso hablando de diálogo y acabarlo con el anuncio de
medidas educativas que no surgen de él, porque no existe tal. No entraré en que
la Consejería de Educación advierta que las medidas se pondrán en marcha el
curso 2019/20 y no en el 2018/19, lo que prueba la falta de diálogo. Quisiera,
más bien, iniciar un debate sobre el hecho de que hay familias que quieren una
educación distinta de la que ofrece el centro público que les ha tocado. Familias
que contribuyen con sus impuestos a que otras, con la misma o mayor
disponibilidad económica, reciban una enseñanza gratuita.
¿Porqué
el Estado premia a las familias que eligen centros públicos y desprecia la
libertad de las otras? Es bueno que “los poderes públicos dispongan de una red
de titularidad y gestión pública” que haga efectiva la educación. Pero no puede
ser a costa de la libertad. Esta red debe estar limitada por la libertad de los
padres y la libertad de oferta de otros colectivos (cooperativas, …). Para
estos casos, el Estado debe ser el evaluador y un ítem a tener en cuenta es la
demanda (expresión de libertad). Como escribió R. Serrano: “un régimen de
escuela única no es más democrático que el de partido único, y una política
educativa que no da espacio a la libertad se degrada en paternalismo”.
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