La enseñanza pública no está ahora en peligro, sino que ha estado siempre en peligro. Y no corre ahora mayor peligro que en otros tiempos. No más ahora que, por ejemplo, durante los últimos veinte años en los que se mantenía erguida sin raíces o, mejor aún, se ha mantenido en pie a pesar de sus jardineros y plantadores.
El peligro ha estado siempre ahí, lo que sucede es que es precisamente ahora cuando los causantes del mismo se atreven a hablar de ello. Pero no porque vean las razones auténticas del peligro, sino porque ven el peligro de que deje de ser cosa que ellos puedan manipular a su antojo. Porque el auténtico peligro de la enseñanza pública es que deje de ser pública para pasar a ser cosa de unos pocos.
Hasta ahora, ha estado en manos de una oligarquía convencida de que la enseñanza pública es una enseñanza para el pueblo, cuando lo que debería ser es una enseñanza por el pueblo, pues los mismos que son capaces de gobernarse a sí mismos también lo son para gobernar a sus hijos. Y negar esto es afirmar que las ideas de unos cuantos deben prevalecer –porque sí- sobre la libertad de pensamiento del resto.
De esta manera, obviando la libertad que tienen los contribuyentes en optar por la enseñanza pública, lo que algunos pretenden es que todos ellos –todos los contribuyentes- paguen a unos pocos la escuela que ellos quieren, cuando lo lógico sería que esta enseñanza tuviera tal amplitud de miras que permitiera ser elegida libremente por cualquiera. Y no provocar que haya quienes, como viene siendo habitual, ni se la planteen como posible opción. La pagan pero no pueden beneficiarse de ella. La pagan para otros. Para esos otros que no conformándose con haberse quedado con lo que es de todos, todavía se atreven a descalificar a aquellos que, con sacrificio, ejercen su libertad buscando otro tipo de enseñanza. Porque, al fin y al cabo, puestos a elegir entre dos credos lo lógico es que prefieran el propio.
Este y no otro es el peligro al que se enfrenta una vez más la enseñanza pública, que lejos de promover los valores comunes se empeñe en difundir los que particularizan a determinados colectivos. Que si esto llegara a ser así entraríamos también en competencia desleal, pues se fomenta la gratuidad para los que tienen unas determinadas ideas y se grava –con doble gravamen- el tener distintas.
No es pues la calidad de su enseñanza lo que está en peligro, como gustan en pregonar aquellos que desean apropiarse de ella. Porque su calidad está sobradamente probada, tanto por el profesorado que la imparte como por los resultados obtenidos a lo largo de los años. Una calidad que le ha permitido mantenerse en primera fila a pesar de las nefastas leyes de educación que vienen rigiendo en esta última veintena de años.
Tampoco está en peligro porque aumenten los centros concertados o privados que, respondiendo a la variedad de nuestra ciudadanía, respetan los valores comunes y son ampliamente solicitados. El peligro -lo diré con otras palabras- es que algunos pretendan convertir la enseñanza pública en su privada. Tentación de la que nadie se libra.
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